La Justicia provincial contabiliza unas 200 denuncias por intimidaciones en establecimientos educativos. Además, fiscales confirmaron que ya son 26 los adolescentes imputados.
El Gobierno de Córdoba resolvió cobrar el costo de los operativos policiales generados por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos. La medida surge de un protocolo elaborado en conjunto por los ministerios de Seguridad y Educación, con el objetivo de recuperar el dinero utilizado en cada despliegue.
Hasta este jueves, la Justicia provincial contabiliza unas 200 denuncias por intimidaciones en escuelas. Además, fiscales confirmaron que ya son 26 los adolescentes imputados por el delito de amenazas calificadas, agravadas por el anonimato.
Las autoridades buscan que los padres de los menores involucrados asuman los costos de los operativos, al considerar que se trata de gastos que “no deben recaer sobre el conjunto de los vecinos”, según expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
En la región, prácticamente se registraron denuncias en la mayoría de las localidades. En ese marco, este miércoles se sumó un nuevo caso en Piquillín, donde se reportó una amenaza en un establecimiento secundario.