Años atrás, la presencia de estos emprendedores era habitual en los pueblos y no generaba mayores controversias. Hoy, el contexto social, económico y de seguridad parece haber modificado percepciones.
Un procedimiento policial realizado esta semana en Villa Santa Rosa volvió a encender la discusión sobre la venta ambulante en la vía pública, una actividad tan antigua como polémica, que hoy genera opiniones divididas en muchas comunidades del interior.
El hecho ocurrió el miércoles al mediodía, cuando tres vendedores ambulantes provenientes de la ciudad de Córdoba fueron controlados mientras comercializaban plantas en la vía pública. Al no contar con autorización municipal, se dio intervención a la Guardia Urbana local, que procedió al decomiso de la mercadería y al labrado del acta correspondiente.
La difusión del procedimiento generó un intenso intercambio de opiniones en redes sociales. Mientras algunos vecinos defendieron el derecho al trabajo y cuestionaron la intervención, otros manifestaron desconfianza hacia este tipo de actividades y reclamaron mayores controles.
Desde el punto de vista legal, la venta ambulante no es ilegal en sí misma, pero los municipios pueden regularla o prohibirla mediante ordenanzas, en el marco de su autonomía y por razones de orden, seguridad, tránsito o convivencia urbana. La procedencia del vendedor no puede ser el motivo de una prohibición, aunque sí se les exige cumplir las normas vigentes en cada localidad.
Años atrás, la presencia de vendedores ambulantes —de salames, helados, flores, ropa o barriletes— formaba parte del paisaje habitual de los pueblos y no generaba mayores controversias. Hoy, el contexto social, económico y de seguridad parece haber modificado la mirada sobre una práctica histórica.
En este escenario, el comerciante local ocupa un lugar central en el debate. Muchos señalan que deben afrontar alquileres, impuestos, habilitaciones y tasas municipales, y consideran que la venta ambulante representa una competencia desigual cuando no cumple con las mismas exigencias. Este reclamo suele ser uno de los principales argumentos que impulsan a los municipios a endurecer controles.
El caso volvió a poner sobre la mesa un debate complejo, donde se cruzan el derecho al trabajo, la autonomía municipal, la seguridad y la protección del comercio local, y que expone la necesidad de reglas claras y consensuadas para evitar conflictos y suspicacias.