La Justicia que investiga presuntas irregularidades en el mayor plan del Ministerio de Desarrollo Social. En total, 87.555 personas que no validaron su identidad como beneficiarios del programa.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.
Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales.
El supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.
El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.