De acuerdo al proceso llevado adelante, se lo acusa de los delitos de Coacción, Extorsión, Asociación Ilícita en calidad de Jefe, Peculado de servicios, Enriquecimiento ilícito y Encubrimiento por omisión de denuncia.
El fiscal Guillermo González dispuso la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, además de otros seis oficiales, después de una larga investigación.
De acuerdo al proceso llevado adelante, se lo acusa de los delitos de Coacción, Extorsión, Asociación Ilícita en calidad de Jefe, Peculado de servicios, Enriquecimiento ilícito y Encubrimiento por omisión de denuncia.
Además, González ordenó la aprehensión de Gastón Ochoa Roldán y del comisario Inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la institución policial, sospechados de ser miembros de la asociación.
También es detenido el comisario Inspector Martín Darío Heredia (integrante de la Caminera, imputado por enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia; el comisario Inspector Jorge Gutiérrez (quien se desempeña en ‘Protección de testigos’); y al Suboficial Principal Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía.
Acusado de ser el organizador de la asociación delictiva, se acusa a un civil: Gabriel Élido Burkhard, acusado a su vez de los delitos de Coacción, Extorsión y Enriquecimiento ilícito.
Se dio a conocer que se realizaron “un total de 11 allanamientos en diferentes viviendas y estudios jurídicos ubicados en Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín” y que “se procedió al registro de distintas áreas ubicadas en Jefatura de Policía a fin de recabar elementos de prueba relacionadas a la causa”.
Desde la fiscalía se consideró que “existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”.