El proyecto de Presupuesto contempla una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una baja de Ingresos Brutos. También prevé un recorte del 40% en publicidad oficial y prioriza las obras que ya están en ejecución.
El gobernador Martín Llaryora presentó este lunes los principales lineamientos del Presupuesto de Córdoba para 2027, que incluyen una reducción de impuestos para propietarios, comercios y sectores productivos.
Entre las medidas anunciadas se destaca una rebaja del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades de la provincia. Para el 3% restante, la reducción será del 5%.
En cuanto a Ingresos Brutos, la alícuota general bajará del 4,75% al 3,50%. Además, el Gobierno provincial ampliará el régimen de alícuotas reducidas, que pasará de alcanzar a 70.000 a unos 110.000 pequeños y medianos contribuyentes.
Según las estimaciones oficiales, el conjunto de beneficios tributarios vigentes y las nuevas medidas representará un alivio fiscal de $1,5 billones para los contribuyentes cordobeses.
Menos publicidad y prioridad para las obras en marcha
El proyecto también contempla una reducción del 40% en el gasto destinado a publicidad oficial. En materia de obra pública, la Provincia concentrará los recursos en finalizar los trabajos que ya están en ejecución, mientras que el inicio de nuevos proyectos quedará sujeto a su importancia y a la disponibilidad de financiamiento.
Por otra parte, Llaryora señaló que se mantendrán las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y programas sociales, áreas que el Ejecutivo considera prioritarias ante el aumento de la demanda de asistencia pública.
El anuncio se produce en un contexto económico complejo para la provincia. Según cifras difundidas por el Gobierno cordobés, en los últimos meses cerraron más de 3.000 establecimientos comerciales y se perdieron alrededor de 35.000 puestos de trabajo.
El paquete económico incluye el Presupuesto General, la Ley Impositiva Anual y modificaciones al Código Tributario, que deberán ser tratados por la Legislatura provincial.
